Ebrio al volante: Magallanes entre el alcohol y el hidrógeno

En la madrugada de hoy domingo, otro conductor ebrio colapsó en las calles de Punta Arenas. No es un hecho aislado: más de 200 siniestros viales al año son causados por alcohol (CONASET, 2023). Punta Arenas presenta la tasa más alta del país, superando a ciudades como Puerto Montt (210 casos) y Antofagasta (200), que la duplican o triplican en población.

LA EBRIEDAD AL VOLANTE COMO ANALIZADOR.
Ese primer lugar como la ciudad con más ebrios al volante puede parecer una estadística más. Pero desde una perspectiva socioanalítica (Lourau, 1970), este tipo de hechos puede ser comprendido como un analizador: un evento que irrumpe en la superficie de lo cotidiano y obliga a ver contradicciones. Algo que normalmente se oculta. Pues la conducción en estado de ebriedad no es solo una infracción, es un grave problema público aún no nombrado con todas sus letras. Su masividad en Punta Arenas, es la expresión de desbordes más profundos —sociales, culturales, emocionales— que develan una red de cuidados debilitada y una estructura institucional sobrepasada.

El alcohol y el hidrógeno comparten más de lo que parece en Magallanes: dos sustancias -que se instalan en una trama socioterritorial especifica: Magallanes hoy- que requieren cuidado, regulación y responsabilidad. Ambas, en diferentes escalas, tienen el poder de alterar cuerpos, territorios y futuros. Cuando el alcohol al volante se normaliza y la llegada del hidrógeno se desregula, el resultado es el mismo: una conducción temeraria, sin conciencia de sus efectos colaterales. Hoy, en Magallanes, pareciera que manejamos ebríos también nuestro destino energético, sin mapas ni frenos, sin escuchar a quienes advierten los riesgos. Pero aún es tiempo de tomar el control. Porque el problema no es la sustancia, sino la forma en que decidimos conducirnos como sociedad. Y justamente en ese contexto irrumpe la gran promesa del siglo XXI: la industria del hidrógeno verde.

La transición energética, presentada como una oportunidad limpia y moderna, aterriza en Magallanes sin garantías para las comunidades, y sin una mirada integral sobre sus efectos sociales. El discurso oficial habla de eficiencia, inversión y competitividad. Pero ¿qué no se está diciendo? ¿Qué queda fuera de cuadro cuando los megaproyectos energéticos se instalan sobre territorios con déficits estructurales?

EL FUTURO NO ESTÁ ESCRITO. LO ESTAMOS DISCUTIENDO JUNTOS.
Desde 2023, el Panel Ciudadano H₂ Magallanes ha intentado justamente eso: abrir el espacio para pensar lo que se omite. En su primera edición, el encuentro Extinguir la imaginación, realizado en el Museo de Río Seco, se propuso ponerle palabras, sentido y densidad social a lo que el discurso empresarial no dice.
Una de las lecciones más persistentes del trabajo del Panel ha sido la necesidad de disponibilidad y transparencia en los datos.
Ver Mapa interactivo de Geocomunes .

En el seguimiento a los proyectos ingresados al SEIA, el Panel ha advertido cómo los cálculos sobre empleo, ocupación territorial y proyección poblacional son opacos, fragmentarios o derechamente ausentes. Esta falta de información pública impide anticipar impactos sociales clave como la presión sobre los servicios de salud, los flujos de transporte o la sobrecarga habitacional.

La edición 2025 del Seminario, realizada este 14 y 15 de junio, está profundizando ese diagnóstico: una de las ponencias, desglosa más de 2.000 observaciones ciudadanas a solo dos proyectos de H2, identificando la ausencia de estudios serios y omisiones críticas sobre los impactos socioterritoriales.

Dato: Se proyecta la instalación de más de 600 aerogeneradores de 100 metros de altura, distribuidos en un espacio equivalente a 32 veces la comuna de Santiago, y la eventual movilización de entre 10.000 y 100.000 (cifras no claras) trabajadores temporales a la ciudad de Punta Arenas (para una ciudad de 145.000). Todo esto, sin que existan datos públicos confiables que permitan prever su impacto. Pensar estos efectos no es alarmismo, es responsabilidad.


Si no se nombra el daño con claridad, se corre el riesgo de naturalizar sus efectos negativos como parte inevitable del progreso.

CONSTRUIR UN PROBLEMA PUBLICO.
Como señaló Joseph Gusfield, sociólogo de la escuela de chicago, en su clásico estudio sobre la construcción de los problemas públicos (The Culture of Public Problems, 1981), éstos no existen por sí solos.

Los problemas se construyen socialmente (el trabajo de Gusfield es sobre conductores ebrios) -ojalá partiendo de datos- y más allá, a partir de cómo se nombran, se interpretan y se disputan. Lo que él llama “ownership” del problema, el propietario del problema. Hoy, en Magallanes, ese derecho a nombrar está en manos del mundo empresarial, que define cómo se instala la industria del hidrógeno, qué beneficios traería y qué consecuencias deben asumirse como “daños colaterales”.
Todo indica que, si no se corrige el rumbo, lo que nos espera es una transición energética sin justicia, que agravará las crisis sanitarias, territoriales y sociales ya existentes.

La ebriedad al volante, la saturación del sistema de salud, la falta de vivienda, no son escenarios ajenos al proceso energético. Son parte de su terreno real de impacto. El arribo de miles de trabajadores en condiciones precarias a una ciudad sin servicios adecuados ni redes de contención, puede acelerar las fracturas que hoy apenas estamos reconociendo.

MANEJAR EBRIO EN AMBOS CASOS, DEBIESE SER UN PROBLEMA PUBLICO.
Manejar ebrio en Punta Arenas, a pesar de las noticias frecuentes, las víctimas reales y los datos preocupantes, no es hoy un verdadero problema público, porque no se ha producido una atención significativa que obligue al Estado, a las instituciones y a la sociedad a actuar con urgencia. Tampoco lo es, aún, la medición de impactos de la instalación de la industria del hidrógeno verde, cuyos efectos territoriales y sociales siguen sin nombrarse con claridad. Como el borracho que acelera convencido de que puede llegar rápido, la industria avanza prometiendo empleos sin explicar sus costos, sin advertir sus riesgos y sin asumir responsabilidad sobre el daño que puede ocasionar.
Instalar una industria de la magnitud del hidrógeno sin datos claros, sin estudios serios, sin evaluar impactos reales, es como conducir ebrio: Se avanza con falsa confianza, con la visión nublada por la promesa del progreso, sin capacidad de anticipar «curvas». Se ignoran las advertencias del entorno y se subestiman los riesgos reales. Todo parece controlado, hasta que el impacto es inevitable. Y como en todo siniestro vial por alcohol, el daño no lo asume solo quien conducía, sino toda la comunidad afectada.

Hoy, en Magallanes, no solo enfrentamos graves accidentes por conducción en estado de ebriedad. Sin datos claros, sin deliberación democrática, la industria del hidrógeno se instala en estado de ebriedad institucional: sin brújula, sin cuidado.

Referencias.